Un tribunal administrativo paraliza el contrato con las consultoras que fijarán las primas

El proceso por el que el IDAE contrató a Roland Berger y Boston Consulting para elaborar los estándares de las renovables ha sido suspendido cautelarmente por un tribunal administrativo tras la denuncia de Anpier. Se trata del primer tropiezo de la reforma eléctrica, y cuando menos, retrasa la aplicación del nuevo sistema de retribución de las renovables.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda, ha suspendido cautelarmente el proceso de contratación por parte de Industria (a través del IDAE) de dos consultoras (Boston Consulting y Roland Berger) a las que encargó el pasado verano la elaboración de un informe sobre parámetros o estándares que servirán para determinar la futura retribución del régimen especial. Un sistema que sustituirá al actual modelo de primas basado en una determinada rentabilidad, que fija el real decreto de renovables, una de las 14 normas de la reforma eléctrica.

La asociación fotovoltaica Anpier solicitó a este tribunal que se anulará el procedimiento de contratación realizado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) por haber incumplido las normas de contratación pública.

En concreto, esta licitación se hizo a través de invitaciones privadas a las consultoras y no a través de un concurso público, a pesar de que el importe de la adjudicación podría haber llegado al millón de euros.

Ahora, el tribunal ha admitido las cautelares, y todo apunta a que podría suspender definitivamente el proceso. En su resolución, el tribunal pone de manifiesto que «los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación». Por ello acuerda «suspender provisionalmente» el procedimiento de contratación «hasta el momento que se dicte la resolución del recurso».

El escrito presentado por Anpier pone de manifiesto que la forma de adjudicación produce una indefensión extraordinaria. En este sentido, recuerda que el propio art. 1 de las Instrucciones internas para la contratación del IDAE, recoge que los contratos celebrados por este organismo se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el RDLeg. 3/2011, texto que regula los contratos del Sector Público y exige la pública licitación.

Esta norma exige el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante.

 La Ley de Contratos del Sector Público exige que los servicios superiores a 60.000 euros se contraten por concurso, pero hay excepciones, como la invitación directa si el asunto es urgente. El contrato del IDAE requería publicidad según Anpier. 

A este respecto Anpier señaló en una nota que el contrato con las consultoras privadas se hizo «a dedo» y se suma a la «ilegalidad» y «falta de transparencia» de «todo el proceso de reforma». Esta asociación había pedido sin éxito a Industria y al IDAE una copia del expediente. La falta de respuesta por parte de la administración hizo que su presidente, Miguel Angel Martínez-Aroca, se personase con un notario en el IDAE para reiterar su solicitud. Al no obtener respuesta, reclamó al tribunal que vigila los contratos con el Estado la suspensión del mismo.

La asociación solicita además al Ministerio de Industria que «recapacite, rectifique los textos de reforma y reponga inmediatamente la seguridad jurídica en España».

«El Gobierno debe actuar sobre las verdaderas causas del déficit de tarifa que, según señala la propia Unión Europea y la Comisión Nacional de la Competencia, está motivado por las compensaciones excesivas que durante años vienen recibiendo las empresas eléctricas por la generación de energía nuclear e hidráulica», añade.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, señaló que esta situación es un capítulo más de la «infausta» reforma del sector eléctrico que supone «uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia española, puesto que es el propio Estado el que atropella a sus ciudadanos».

En opinión de la asociación, los cambios aplicados están configurados sobre la base de «un modelo energético contaminante que solo beneficia a cinco grandes empresas y que condenará a España a la dependencia energética de combustibles fósiles y del exterior que resultan dañinos para el medio ambiente y para la salud pública».

Con esta sentencia el nuevo esquema retributivo de las renovables sufrirá un fuerte retraso. Además Industria ha introducido cambios importantes en el Real Decreto para estas tecnologías, de tal forma que ha abierto una nueva consulta pública.

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